Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia, quien asumió el cargo el pasado 7 de Agosto, rompe todos los esquemas de los políticos que han estado a cargo del país. Será la segunda mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta y la primera de origen afrocolombiano.
Creció en una casa con piso de tierra en la comunidad de La Toma, una región costera azotada históricamente por la violencia, de la cual se convertiría con el tiempo en su principal defensora. Fue madre soltera a los 16 años, trabajó en las minas de oro locales y también como empleada doméstica.
Comenzó como activista a los 13 años cuando protestaba contra un proyecto de represa que desviaría el río de la comunidad en la cual vivía. Esto la llevó más tarde a estudiar Derecho, carrera con la cual pudo hacer frente a las empresas mineras que buscaban asentarse en la zona con el consecuente desequilibrio ecológico.
Su elección marca la diferencia en una historia de políticos provenientes de la clase de familias poderosas, con estudios en el extranjero, relacionadas con personalidades influyentes. Colombia, al igual que muchos países del cono Sur, se caracteriza por la desigualdad social, donde también el racismo y las marcadas clases sociales han permanecido como parte de su cultura hasta hoy.
“Estos temas que son estructurantes, muchas de nuestras sociedades los niegan o los tratan como temas menores” dice Santiago Arboleda , profesor de historia afrocolombiana en la Universidad Andina Simón Bolívar.
Es así como ella, con voz fuerte y clara y con argumentos sólidos, ha tomado la representación de las comunidades negras, indígenas y rurales defendiendo sus derechos como ninguna otra clase política lo ha hecho. “Si ellos hubieran hecho un buen gobierno yo no estaría aquí” afirma.
Activismo
En el año 2009 comenzó la protesta contra el municipio de Suárez. Buscaba evitar a toda costa que las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de La Toma fueran desalojadas de su territorio ancestral. El gobierno en ese entonces había entregado títulos de explotación minera a empresas multinacionales y también a particulares sin ninguna consulta. De esta manera se estaba violando el derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que habitaban esos territorios. A raíz de esto, ese mismo año el Consejo Comunitario de La Toma y varios de sus dirigentes, Francia entre ellos, fueron declarados objetivos militares por parte de varios grupos paramilitares. La razón de esto era la supuesta oposición de las comunidades al desarrollo y el progreso que representaba la entrada de las multinacionales.
Fue así como Márquez presentó una acción de tutela, esto es “una medida concedida a todas las personas para solicitar ante un juez el amparo a esos derechos en caso de encontrarse vulnerados o amenazados por alguna autoridad pública”. La acción de tutela se aplica para proteger o evitar que se cause un daño a algún derecho fundamental. A través de esta acción, puso de manifiesto la violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el territorio, al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada.
En 2013 se la nombró como representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes de La Toma, ( su ciudad natal) que se encuentra en las montañas del Cauca, objetivo principal de la minería ilegal del oro.
Esta zona está habitada en su mayoría por afrocolombianos que originalmente fueron traídos como esclavos desde África para trabajar en las minas. Hay generaciones completas de esta comunidad cuya labor ha sido la extracción de oro del río Las Ovejas y la práctica de la agricultura. El río Las Ovejas es el centro de la comunidad, ya que proporciona agua para beber y pescado para comer.
En el año 2014 mineros ilegales invadieron su comunidad con retroexcavadoras cerca del río. Esto tuvo efectos devastadores en la ecología, con la consiguiente deforestación y contaminación de las aguas.
Se talaron bosques y se cavaron profundos pozos que afectaron el curso del río al mismo tiempo que causaba la muerte de los peces. Los mineros ilegales acudieron por montones buscando extraer oro utilizando mercurio y cianuro lo que contaminó esta que era la única fuente de agua dulce de la
comunidad.
Se comenzaron a conformar campamentos similares a los de la fiebre del oro en California. Pequeñas “ciudades” donde las drogas, la prostitución y la violencia dieron lugar a enfrentamientos con los residentes de la comunidad.
Para exigir al gobierno que esto se detuviera, Francia fue una de las líderes de una marcha que comenzó el 17 de Noviembre desde La Toma en Suárez. Eran 15 mujeres a las cuales se unieron otras de distintas comunidades que también se habían visto afectadas por la minería. En total llegaron a ser alrededor de 80 caminando en dirección a Bogotá, la capital. Esta fue conocida como “La Marcha de los Turbantes” o “Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales”, debido a que estaba conformada por mujeres afrodescendientes que usaban turbantes que identificaban su origen étnico. Esta se extendió por 10 días durante los cuales recorrieron 640 kilómetros. El objetivo era exigir al gobierno el cumplimiento de la sentencia de la corte institucional, para de esta manera resguardar los derechos de las comunidades negras y proteger los territorios ancestrales además de poner fin a la minería ilegal y con esto a la contaminación provocada al río Ovejas. La marcha terminó en el Ministerio del Interior cerrando un acuerdo con el gobierno que resultó en la eliminación de todos los mineros y equipos ilegales en su comunidad.
Frente a todas las críticas que buscan desacreditarla por falta de experiencia en política y personalidades que ponen en duda su capacidad de manejar la política del país, Francia se impone con su palabra y con su experiencia en terreno. El mismo terreno donde creció y experimentó la injusticia, el racismo y la desigualdad en carne propia.
Como pasa con muchos activistas ha recibido numerosas amenazas de muerte, a las cuales ha respondido de formas no convencionales. A un evento de campaña, cerca de su ciudad natal, asistió resguardada por una guardia indígena, unidad de seguridad tradicional que portaba palos de madera que simbolizaban la fuerza y la paz.
Su discurso y acción por la vía pacífica será de seguro un elemento transformador que cambiará no solo la forma de hacer política sino también de que impere y se mantenga lo que por muchos años ha sido el objetivo de la lucha. El respeto y el resguardo de los derechos no solo de las comunidades más oprimidas sino también los de nuestra tierra.
